En esta entrevista, hablamos con Zaira Santana, una destacada profesional dedicada a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Desde su interés temprano en el TDAH, hasta su participación como formadora en el proyecto clave A en colaboración con la Fundación MAPFRE Canarias, esta experta relata su carrera, sus desafíos y sus proyectos de investigación centrados en la justicia adaptada. Descubre cómo está innovando en el campo y trabajando para brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

¿Cómo empezó su interés por el TDAH y cómo decidió enfocar su carrera en ese campo?

Desde mi diplomatura en magisterio (Educación Física) he mostrado interés en desarrollar mi formación con el ánimo de ampliar opciones laborales y con otros objetivos como realizar una actividad profesional relacionada con la investigación, la docencia universitaria y la innovación tecnológica. El resultado fue cursar la licenciatura en psicopedagogía, un máster en procesos educativos y el doctorado en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas (obteniendo el grado de doctora-PhD), con la tesis doctoral titulada “TDAH y ejercicio físico”, donde unía la pasión por el deporte y el ejercicio físico y los estudios de psicopedagogía y magisterio.

¿Cómo surge el proyecto clave A en colaboración con la Fundación MAPFRE Canarias y cuáles son sus principales objetivos?

Gracias a mi colaboración profesional en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de LPGC, así como a mi formación académica formal y especializada, he tenido la oportunidad de establecer contactos profesionales con diversas organizaciones. De esta manera, el contacto con el programa Clave-A y la Fundación MAPFRE Canarias es fruto de la colaboración que realizan ambas entidades con el proyecto de juzgado especializado.

El programa Clave-A, pionero en España, se crea siendo conscientes de la necesidad de contribuir en la protección de la infancia y la adolescencia, y en dar visibilidad a la problemática del maltrato y violencia que sufren las personas menores de edad. En mi caso, colaboro con el programa CLAVE-A a través de acciones de sensibilización y prevención ante la violencia contra la infancia y la adolescencia con acciones formativas dirigidas a profesionales y familias principalmente. La importancia de los cursos y formaciones radica en nuestro compromiso por alcanzar los objetivos marcados por la LOPIVI y los Derechos Humanos, y en cuanto que formamos parte de la sociedad para promover activamente la lucha contra la violencia sobre la infancia y adolescencia.

¿Cuáles son los mayores desafíos a los que te has enfrentado al trabajar en este proyecto, y cómo has logrado superarlos?

El desarrollo de contenidos para los cursos ha sido una labor intensa y motivante. Intensa por la cantidad de contenidos debido a la demanda y poca oferta existente en el mercado, además de las exigencias que marca la LOPIVI, las cuales son una de las principales justificaciones de la plataforma formativa.

También ha sido emocionante ver a profesionales comprometidos y preocupados por su actualización y su aportación en la sociedad, concretamente, en la infancia y la adolescencia.

Hablemos ahora del perfil de facilitadora de recursos para evitar la victimización secundaria en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

Para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o negligencia, malos tratos o explotación, y ante todo, para ofrecer una respuesta adecuada a nivel jurisdiccional para combatir y castigar la violencia ejercida sobre los seres más vulnerables de nuestra sociedad, la disposición final vigésima de la LO contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, así como del Ministerio fiscal.

Fruto de ello, surge el proyecto piloto de Juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia integrado en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Dicho proyecto implica una especialización de los recursos, procedimientos y también supone la dotación de profesionales especializados, para poder adaptar la justicia a la infancia y la adolescencia. Por ello, contar con perfiles como el de “facilitadora de recursos evitativos de victimización secundaria” se convierte en un gran apoyo en el juzgado. Con la finalidad de reducir la ansiedad de los niños, niñas y adolescentes, minimizar la victimización secundaria para conseguir la mejor declaración posible el día de la prueba preconstituida, además de participar en la adaptación de la justicia a la infancia, para hacerla más accesible y amigable.

Gracias a la Fundación MAPFRE Canarias y a la ULPGC, ha sido posible el desarrollo de una investigación única a nivel nacional que realiza el grupo de investigación de la ULPGC, permitiendo la recopilación de datos y pudiendo aportar recursos que ayudan a mejorar el buen trato de la infancia y la adolescencia y evitar la victimización secundaria, por ejemplo, midiendo los niveles de ansiedad. Especial relevancia cobra la Fundación MAPFRE Canarias, ya que sin su colaboración habría sido muy complicado el desarrollo de esta investigación y la colaboración como facilitadora de recursos evitativos de victimización secundaria.

También es investigadora ¿Podría contarnos un poco más sobre su proyecto “Justicia e Infancia en Canarias: evidencias científicas de un modelo de justicia adaptada” y qué resultados espera obtener?

El objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo validado de Justicia Adaptada. De la investigación se espera:
1) Producir y publicar herramientas de evaluación para la Victimización Secundaria de NNA.
2) determinar la importancia real de los tiempos procesales para la calidad del testimonio, prediciendo la calidad de estos a partir del tiempo procesal.
3) que los niveles de Victimización Secundaria y de ansiedad registrados por los NNA pertenecientes al grupo de justicia adaptada (Juzgado Especializado) sean menores que los registrados por NNA en juzgados no adaptados, o parcialmente adaptados (juzgados ordinarios), evidencia que permitiría ofrecer un modelo de justicia adaptada con base empírica.

¿Cuáles son sus planes futuros en relación con la investigación y el trabajo en el campo de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia?

Personal y profesionalmente, me encantaría poder continuar la labor en el juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de LPGC. Está siendo una oportunidad única y enriquecedora, permitiéndome estar a pie de campo y aportar en la protección y el buen trato a la infancia y la adolescencia víctima de violencia.